“Hubo un procedimiento administrativo con falencias de parte de los policías. Se trató de una cuestión administrativa, no así procesal, porque recuperaron el ventilador del sacerdote y este no quiso concretar la denuncia”, afirmó Luis Ibáñez. El secretario de Seguridad de la provincia justificó ayer la actuación de los tres policías de la seccional 13ª, quienes quedaron detenidos por haber cometido posibles irregularidades en la detención y posterior liberación de un supuesto ladrón, sin que interviniera la Justicia.
El domingo por la mañana, un joven había ingresado a la Escuela de Manualidades ubicada en el barrio 11 de Marzo. Un policía lo detuvo cuando intentaba robar el artefacto. Rogelio Olivera, sacerdote responsable del establecimiento, les avisó que realizaría la denuncia al mediodía porque a primera hora debía dictar un curso.
Cuando el religioso se presentó en la dependencia, los policías primero le dijeron que no podían recibirle la denuncia porque ya le habían labrado una contravención al intruso. Después de una discusión, le tomaron la exposición al religioso y además le entregaron el ventilador, dejando sin posibilidades de que se le imputara el delito al detenido.
El cura le contó la experiencia a un funcionario judicial. Al percatarse de que se estaría ante una grave irregularidad, ambos se presentaron ante la fiscalía de Robos y Hurtos I, que conduce Diego López Ávila. Allí contaron lo sucedido y el fiscal ordenó que se secuestraran el libro de guardia y el cuaderno donde se anotan las contravenciones.
En esa documentación aparece que el intruso fue detenido por hurto a las 7, pero en el de contravenciones se informa que ingresó a la seccional a las 9. Incluso aparece un singular descargo del detenido: “Me encontraba en la intersección de la avenida Alem y Pasaje Berreta y sin motivo alguno comencé a gritar e insultar a las personas que pasaban por el lugar. En se momento se me acercó un policía para decirme que deponga mi actitud, pero no le hice caso y continué alterando el orden y la paz de la zona. Por tal motivo el uniformado me trasladó a esta dependencia donde me hizo conocer que me encontraba detenido comunicado (sic)”, dice el supuesto ladrón en el acta contravencional.
El secretario de Seguridad señaló que el error del personal de la seccional 13° fue no haber comunicado a la fiscalía y no haber hecho el respectivo sumario. “No registraron que el cura no quiso efectuar la denuncia. Tendrían que haber informado esa situación a la fiscalía”, puntualizó.
“Con base en las explicaciones que se dieron, se estableció que se trabajó y se recuperó el objeto robado. Se confiaron en que, en ese momento, el padre no había querido realizar la denuncia y que no se secuestre el aparto. Se fiaron en que el caso terminaría con esa circunstancia”, agregó.
El secretario de Seguridad, ante el caso judicial, confirmó el pase a disponibilidad (sin funciones) de los dos policías involucrados en el proceso penal. El funcionario explicó que, mediante la actuación administrativa, “se determinará si hubo o no otros responsables, sean superiores de turno u otros agentes”. “Los oficiales tuvieron que haber comunicado al oficial superior inmediato”, planteó.
Los oficiales Martín Morales y Álvaro Páez y el cabo Roberto González fueron indagados por el hecho. Dos se negaron a declarar y el que lo hizo negó haber cometido alguna irregularidad. Los tres fueron asistidos por abogados que trabajan para la fuerza.
López Ávila pidió la detención de los uniformados por estas irregularidades, planteo que fue aceptado por el juez Alejandro Tomas. Mientras tanto, continuará investigando si hay más uniformados implicados en las graves irregularidades detectadas.